Indica un juzgado en Tucumán que se procesan más adictos que narcotraficantes

Informa La Gaceta, de Tucumán, que durante un curso dictado por el Consejo Asesor de la Magistratura, CAM, al cual asistió, el juez Mario Racedo, del Juzgado Federal N° 2, se propuso estudiar en números la relación entre droga y pobreza. Concluyó que la mayoría de los detenidos por la Policía son quienes consumen sustancias y no quienes las venden. 

-        A un tema con un profundo trasfondo social optamos por darle como respuesta la represión policial, reflexionó Racedo. 

El estudio se llevó a cabo sobre 50 causas elegidas en forma aleatoria entre las que ingresaron este año al Juzgado. Lo más relevante, según el informe, es que la actividad estatal se ha orientado preferentemente al consumo de drogas, 62% y en menor medida a su tráfico, 38%. Los procedimientos son principalmente de pequeña escala y en pocos casos terminan presos líderes de pequeñas bandas de distribución.

Otra de las conclusiones de este informe indica que la actividad policial se ha orientado hacia los sectores pobres, localizados en los barrios marginales y el interior de la provincia. Y un dato fundamental es la constatación de que el 72% de las intervenciones tiene como protagonistas a personas carentes de recursos o con ingresos inferiores a $ 1000 y se detalla,

-        El 90% de los imputados no tiene empleo fijo o directamente no tiene trabajo.

La marihuana es la droga que más circula, más se consume y más se vende. Aparece en el 90% de los operativos en los barrios pobres y en el interior. Hasta sus 32 años, la mayoría de los detenidos, 86%, fuma esta sustancia. Le sigue la cocaína, 54%, la consume. Y aparece, aunque en menor proporción, la droga de los más pobres, el paco.

El informe judicial constata una realidad que los magistrados vienen señalando con preocupación, que droga y pobreza están más unidas que nunca, que falta más prevención en estos barrios vulnerables y que es necesario encarar una política seria para enfrentar la problemática de las adicciones en la provincia.

Las constataciones de este estudio llevaron a la conclusión de que se debería emplear los recursos estatales desde una perspectiva de política criminal que se interese más por la represión del narcotráfico que la penalización de los consumidores o simples tenedores de sustancias.